Que Aurelia Sánchez, Consejera de
Bienestar Social, haga el pasado miércoles declaraciones públicas diciendo que
no tiene conocimiento de que haya alguna familia en Castilla-La Mancha que no
esté cobrando ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni el Ingreso Mínimo de
Solidaridad (IMS) de aquellas que están en situación de pobreza (se entiende)
es, cuando menos, irresponsable. Pero decir que si alguna familia se encuentra
en esa situación debe acudir a los Servicios Sociales de Atención Primaria para
que le sea gestionada una Ayuda de Emergencia Social (AES), ya es pretender
humillar a todas las y los profesionales de los Servicios Sociales Públicos y a
las personas que peor lo están pasando en tiempos de una crisis socio-sanitaria
sin precedentes.
Aurelia Sánchez sabe (si no lo sabe
debería dimitir de inmediato), que hay miles de expedientes de AES que no se
resuelven desde hace aproximadamente 7 meses por falta de presupuesto,
incluidas las AES tramitadas por “razones humanitarias”, que son los casos más
graves.
Hay que recordar que comenzamos este
año, previamente a la extensión de la pandemia, con un recorte del 42% en las
AES y del 13% en el IMS. Este hecho, entre otros, fue denunciado mediante un
escrito hecho público en marzo por más de 250 profesionales de los Servicios
Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha. Tras los efectos sociales
y económicos de la COVID-19 en la región, no disponemos de datos, pero quienes
trabajamos en la primera línea de los Servicios Sociales sabemos que se han
multiplicado las necesidades y el número de familias que necesitan de estas
ayudas para cubrir sus necesidades más básicas.
Aurelia Sánchez no debe saber que en
numerosas ocasiones el único recurso que les queda a estos miles de familias es
recurrir a la caridad y la beneficencia en las organizaciones del Tercer Sector
con las que tan bien se lleva y que mantienen sistemas de pseudo-protección
paralelos, privados y subvencionados con fondos públicos.
Es indigno que las personas responsables de la Consejería de Bienestar Social no sólo no tengan en cuenta a sus profesionales, si no que les hagan responsables de no utilizar actualmente ningún instrumento ni prestación con las que atender las necesidades más urgentes de tantas personas que lo están pasando cada vez peor y ven atropellados sus derechos de manera flagrante.
