Castilla-La Mancha aprobó en 1995 la
Ley de Solidaridad y con ella el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la renta
mínima autonómica.
Sin entrar a reflexionar
sobre la utilidad o no de los acuerdos de inserción que conllevan casi siempre
este tipo de prestaciones y en sus implicaciones éticas, podemos afirmar que el
IMS es necesario más allá de la aprobación del IMV por parte del Gobierno
Central, ya que, si bien esta nueva prestación económica va a suponer un
derecho subjetivo para cientos de miles de hogares, en muchos casos las
asignaciones económicas que se plantean van a ser insuficientes para cubrir de
manera autónoma las necesidades básicas de muchos hogares.
En necesario recordar que, como ya se ha manifestado en otras ocasiones desde diferentes ámbitos, desde septiembre de 2019 los IMS fueron denegados por falta de consignación presupuestaria y desde que comenzó 2020 no se ha aprobado ninguno, sin que el gobierno regional haya dado ninguna explicación del motivo. Esto supone que haya familias en nuestra Comunidad que lleven nueve meses sin poder disfrutar de una prestación a la que tienen derecho y que necesitan.
